Gobernar en tiempos difíciles

La epidemia del COVID 19 ha puesto sobre la mesa de la política española la necesidad de alcanzar unos PACTOS que permitan que nuestro país supere las consecuencias de todo tipo que ha producido la infección en un corto periodo de tiempo.

Escribo PACTOS con mayúscula porque en el origen de los mismos parece estar una necesidad «absoluta» que exige ir mucho más allá de pretender una mejora del funcionamiento de algunos sistemas; pretende implicarnos a todos en un proceso de reconstrucción como el que se produce después de una guerra; es decir, de una destrucción económica y social de gigantescas proporciones.

Si aceptamos de entrada que la situación lo exige, debemos reflexionar también sobre la posibilidad de que tales pactos se produzcan, teniendo en cuenta el contexto de la situación política actual y los precedentes existentes. Sobre lo segundo, no se puede ser optimista, porque los precedentes no son buenos: Recordemos, por ejemplo, el fracaso del “pacto por la educación”, uno de los más demandados por una sociedad que, sin embargo, ha asistido perpleja durante décadas al constante vaivén de modificaciones legislativas que acompaña a los cambios de gobierno.

Este caso, de por sí relevante, no es el único; se pueden enumerar muchos otros, en ámbitos de distinta naturaleza e importancia: Basta recordar las notables diferencias en relación con el modelo de organización del Estado, las renovaciones de los órganos jurisdiccionales como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el nombramiento de la presidencia de RTVE; o en la gestión de los residuos radiactivos de las instalaciones nucleares. Y qué decir de la mera posibilidad de pactar unos Presupuestos  Generales del Estado. 

Y por eso, en la necesidad de mantener la operación del sistema, hemos tenido que hacer ordinario lo extraordinario y acudir a “las prórrogas”, a las cláusulas de salvaguardia que prevén el funcionamiento de las instituciones en circunstancias siempre transitorias. En nuestro sistema, lo provisional, se convierte en algo permanente; lo interino se hace crónico y revela la incapacidad política para abordar negociaciones en asuntos que responden a la mera gestión de los asuntos institucionales. 

En sentido contrario, es posible “hacer la lista” de los acuerdos alcanzados en los últimos años, y recordar, sin ir más lejos, las dificultades sufridas para alcanzar pactos de gobierno en cualquier ámbito. Seguramente, el único acuerdo que se gestionó con diligencia y menos transparencia de la debida fue el relativo a la modificación de la Constitución para incluir en ella el limite del techo de gasto, que respondió a una exigencia europea ineludible. 

Las causas del fracaso en la consecución de acuerdos son varias; las más deplorables responden al egoísmo y la miopía de las formaciones políticas que, en muchas ocasiones, tratan de obtener ventajas electorales, aunque para ello tengan que dinamitar actuaciones razonables de sus adversarios. Cualquier persona con cierta experiencia “en política” ha manejado argumentos de conveniencia lejos de las propias convicciones y el “cuanto mejor peor” es un eslogan que refleja bien el espíritu de tierra quemada que los partidos pueden utilizar con ferocidad.

Hay que reconocer también la existencia de discrepancias más “aceptables”; diferencias de fondo, que afectan a la visión y los valores sobre la concepción de la sociedad.  Volviendo a la educación: el papel de los padres, la regulación de los centros concertados o la separación por sexos en las aulas; y también en relación con los contenidos, como se ha puesto de manifiesto con la educación en valores o la pretensión de que la religión sea obligatoria y compute a efectos de la nota media final.

Cualquiera que sea la razón, con estos precedentes, parece que cuando invocamos los Pactos de la Moncloa estamos invocando no solo una excepción, sino la Gran Excepción. Y desde una situación de profundos desacuerdos, crónica y esclerotizada, resultará muy difícil alcanzar un gran Pacto de Reconstrucción, tirando solo de la épica en que se enmarca, de la que, por cierto, tampoco existe un único relato. Poco bagaje para tan denodada tarea.

Sobre el contexto, no existen elementos que diferencien la situación actual de otras ya vividas, con la excepción de la pretendida gravedad; y quien se atrevería a decir que la crisis del año 2008 no merecía un amplio acuerdo para disponer de una respuesta consensuada. Por ello, resulta optimista considerar que ahora las formaciones políticas vayan a cambiar el paso y sin negar la necesidad del llamamiento a la cooperación, hay fundamento para pensar que es probablemente inútil. La democracia española adolece de defectos que se traducen en una falta de madurez colectiva que no se resuelve porque nos asomemos al precipicio. La madurez no se adquiere de la noche a la mañana porque se necesite; se adquiere, como tantas otras capacidades, mediante un ejercicio sistemático, haciendo que el marco democrático sea un espacio de apertura y posibilidades de encuentro. Algo que compagina mal con la estrategia de corto plazo que domina la acción política española. En resumen, para alcanzar acuerdos es necesario que exista, porque se ha cultivado y profundizado, una cultura política que no se improvisa.

Con todo, podemos plantear como ejercicio la cuestión de si los pactos son posibles o no a la luz de la actitud de los actores sociales y, en este caso, qué tipo de acuerdos serían viables; porque una declaración genérica no serviría de nada, dado que la senda de la reconstrucción será necesariamente larga y dura y habrá que adoptar medidas complejas y difíciles, con espacio para múltiples discrepancias.

Pongamos, en primer lugar, el foco en el Gobierno, dado que tiene la necesidad y la obligación de la iniciativa. También es el que debe desarrollar una praxis política que responda a unos planteamientos teóricos diferentes. Para eso tiene que querer honradamente; tiene que saber, porque no es evidente ni se sustancia la cuestión haciendo llamamientos, y tendrá que perseverar porque la receptividad  será muy baja.

En algunos asuntos, este Gobierno ha dado pasos en esa dirección. En un tema tan difícil y arriesgado como el encaje de Cataluña en el Estado ha iniciado un proceso de diálogo que pretende superar el conflicto y encontrar fórmulas que serían también aplicables con carácter general para el conjunto de las autonomías. Teniendo en cuenta que es un tema muy controvertido a nivel general, la iniciativa del Gobierno tiene el valor de asumir riesgos electorales importantes; necesita conocimiento y delicadeza para encontrar soluciones política y jurídicamente aceptables y, como en todo verdadero proceso, el resultado es abierto. Son elementos suficientes para aceptar que el Gobierno piensa que alcanzar un modelo consensuado de organización del Estado necesita de una aproximación diferente de las empleadas hasta la fecha.

En la gestión de la crisis del coronavirus, parece sin embargo que ha retomado la actitud de un gobierno que dirige un país centralizado ignorando la realidad autonómica. Existe una queja generalizada de los presidentes de las comunidades autónomas sobre su falta de participación en el diseño y aprobación de los planes de acción e, incluso, de que se enteran primero por los medios de comunicación de las medidas que se pretenden adoptar. Es poco comprensible que el Gobierno haya adoptado esta actitud que opera en su contra; una mayor participación y el consenso, en una dimensión más amplia que el apoyo parlamentario a las medidas, le proporcionaría una cobertura social más profunda. Además, la dialéctica de la co-gobernación entre el gobierno central y los autonómicos, podría servir para corregir la perenne adolescencia de estos últimos, que son capaces, simultáneamente, de reivindicar sus funciones y esconderse tras el Gobierno central para ocultar sus propias debilidades y fracasos.

El papel de las CC.AA es muy importante porque el modelo autonómico ha conducido a una descentralización de competencias muy amplia que configura un estado de corte federal. Profundizar el modelo y encontrar el equilibrio de relaciones y funciones entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos es decisivo. Y necesita no solo completar el proceso de transferencias sino también perfeccionar su sistema de financiación en el marco de una reforma fiscal general. Acaso por ahí encontremos soluciones al problema de los nacionalismos.

En el conjunto de fuerzas políticas, los partidos de derecha parecen participar de una animosidad irracional contra el Gobierno, que personifican además en su Presidente, rememorando viejas tácticas. Decir que el confinamiento impuesto para combatir el coronavirus es “un arresto domiciliario” o que el Gobierno plantea “un cambio de régimen” y hacerlo en sede parlamentaria son manifestaciones suficientemente elocuentes como para no esperar nada positivo. 

Es verdad que no todos los partidos están en esta clave y que incluso algunas autonomías no afines al gobierno central parecen proclives a intentar acuerdos. Habrá que verlo.

Y en este repaso no puede dejarse a un lado el comportamiento de la sociedad, del “pueblo soberano”, que en relación a la crisis, como en tantas otras ocasiones, se comporta con un talante mezcla de generosidad heroica y aires de niño entre consentido y díscolo.

En el relato que construyen las redes sociales parecen existir dos actitudes que vienen a confluir en una visión positiva sobre la capacidad de encaje y lucha del pueblo y la torpeza de un gobierno que nunca está a la altura. Pero la epidemia no la ha producido el Gobierno; las acusaciones de negligencia en anticiparse a su propagación son en buena medida oportunistas y la crítica acerva y prematura parece indicar que el Gobierno nunca aprueba cuando la nota la ponen los ciudadanos. Sin embargo, el confinamiento es una medida necesaria y su cumplimiento no es una concesión sino una actuación exigible en el conjunto de responsabilidades que incumben a las partes afectadas. Y aunque está bien agradecer los comportamientos cívicos, conviene recordar que forman parte de nuestras obligaciones y el reguero de sanciones impuestas por los agentes de seguridad nos dice que todavía nos acompaña la tentación de pensar que algunas responsabilidades colectivas no van con nosotros.

Las consecuencias de la epidemia que sufrimos serán de la magnitud suficiente como para cambiar sustancialmente algunos aspectos de nuestra forma de pensar y de vivir y sería bueno que cuando la tormenta amaine no caigamos en la tentación de retornar a lo sabido. Si el virus es un medio de impulsar la transformación social, al menos nos habrá dejado algo de valor a cambio  de tanto sufrimiento. 

En nuestro pasivo hay muchos retos aplazados, algunos tan sistémicos como el calentamiento global del planeta, que llevan décadas esperando acciones contundentes. Pero también retos humanitarios en relación con los inmigrantes y refugiados y muy cerca, retos como el del bienestar de nuestros mayores. En España, nuestro país, la epidemia ha revelado unas carencias en el funcionamiento de las residencias que debe producirnos un profundo bochorno colectivo. Porque además su situación era conocida, y sabidos y denunciados eran los medios de que disponen como consecuencia de una desaforada orientación al lucro. Desde luego, el virus se ha encargado de poner en su lugar las “virtudes” del actual sistema de colaboración público-privada que tanta devoción suscita en las filas liberales.

El futuro ya está aquí. Siempre está presente en la mente y la ilusión de las personas que comienzan cada día. Y siempre es algo a medio plazo para los amantes del statu quo, para aquellos que consideran que la innovación y el cambio son amenazas que nos acechan. Hay que atreverse a pensar, a investigar e innovar, a cambiar, sin pretender conocer el resultado porque el futuro es algo que se construye en un proceso que está lleno de complejidades e incertidumbre.  

En estos días se leen y escuchan muchas opiniones que son más el fruto de la especulación que del análisis. Pero en cualquier caso, parece que la necesidad debería conducirnos a construir un futuro mejor. Profundizar nuestro sistema democrático utilizando mecanismos de participación activa y completa de todos los agentes sería un buen mecanismo porque los cambios exigirán también la contribución de todos desde una perspectiva de responsabilidad. No se pueden producir cambios sociales globales, profundos, sin la implicación general de la sociedad.

Y si no son posibles, siempre está la acción del Gobierno que tiene que continuar asumiendo su responsabilidad y llevar a la práctica su propia visión de cómo debe ser nuestra realidad política y social. Para eso está.

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